La situación jurídica de los 59 detenidos el pasado 20 de julio durante la protesta y paro cívico en la isla de Margarita, ha sido totalmente irregular, denuncian los abogados que siguen el caso.

Henry Jaspe, miembro de la Organización Nueva Esparta en Movimiento, reveló que se han incumplido los lapsos de notificación y presentación, los detenidos se mantienen incomunicados, no hay listado oficial, la información es a través de los muros, hay la presunción que un grupo será juzgado por la justicia militar, y se sospecha de acuerdos oscuros entre el juez y el fiscal.

“Lo legal es que a las 12 horas de la detención en flagrancia el Ministerio Público debe ser notificado y eso no sucedió, ni siquiera en las 24 horas siguientes, sino que el sábado 22, luego de 48 horas del hecho, es cuando desde el Destacamento 71 de la Guardia Nacional decidieron trasladar a más de 20 personas al Tribunal de La Asunción, a la jurisdicción penal ordinaria, pero por descarte asumimos que el resto, unos 18, pasarán a jurisdicción militar”, sostuvo Jaspe.

Explica que lo correcto jurídicamente, es que el Juez Roberto Morillo, y el Fiscal Daniel Acosta, ejerzan control judicial sobre todo el grupo, y soliciten la apertura de una averiguación por privación ilegitima de la libertad de estas personas, “pero por el contrario, tememos que el tiempo que desalojaron a los abogados del Palacio de Justicia, fue para coordinar que el Fiscal aceptara que fue notificado, y que el juez, en consecuencia, vaya a decretar medida de fiadores, y los impute, si pasa eso sería muy grave porque sabemos que el Ministerio Público no fue notificado”.

Asimismo, dijo que fue anormal que mientras la Fiscal no imputó cargos a los 4 menores de edad detenidos, “la juez, extralimitándose en sus funciones y usurpando las atribuciones del Ministerio Publico, les decretó medida sustitutiva de fiadores y ese papeleo no se cumplirá sino hasta el martes, o sea que continúan privados de libertad”..

Jaspe asegura que estas situaciones están generando mucha tensión, por los silencios cómplices y porque al intervenir la justicia militar, se entra en un mundo hermético, que en el caso de los margariteños es más grave aún, porque dicho tribunal tiene sede en Barcelona y ello hace más difícil la revisión de sus actuaciones.

Vía AM Foto cortesía

 

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