Publicado: 2016-08-22 05:44 / Visitas: 336

Miembros de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional se trasladaron este lunes a la isla de Margarita para conocer sobre la situación carcelaria, luego de recibir denuncias desde la entidad sobre presuntos calabozos secretos y condiciones irregulares en los calabozos de las bases policiales.

Efectivamente el diputado y vicepresidente de dicha Comisión, Juan Pablo García, dijo que “constatamos las denuncias en relación a la violación de derechos humanos que hemos recibido y pudimos ver que ninguno de los lugares a los que están llevando a los privados de libertad  cumple con la mínima a condición, son verdaderos depósitos humanos”

Cárceles clandestinas

García estuvo acompañado de la diputada Janet Fermín, de la Comisión de Política Interior, y el diputado regional, Bower Rosas. Visitaron la prefectura de Los Robles, y las bases de Polimariño, CICPC, Conas y finalmente en un reclusorio prácticamente desconocido en la Planta Eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, y en todos corroboraron situaciones de hacinamiento.

García dijo que las bases policiales y cualquier otro lugar donde se tengan detenidos, son consideradas cárceles clandestinas porque no responden a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, y en muchos casos los familiares desconocen el lugar precisamente para que no se verifique la grave situación.

Por su parte la diputada Fermín dijo que también se está incumpliendo lo establecido para quienes son penados por la justicia, como son los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción a la sociedad, por lo que las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes.

En la Prefectura de Los Robles la inspección debió ser muy somera por cuanto se exigía a los diputados solicitar un permiso de Fiscalía, sin embargo desde el cuarto de celdas las mujeres privadas de libertad les informaron a gritos que había más de 30 mujeres en condiciones insalubres e inhumanas, dos embarazadas y varias con escabiosis. Pidieron ayuda para que se conozca su situación.

También en la sede de la Policía Municipal de Mariño conocieron las solicitudes que ha hecho el Alcalde para su descongestionamiento, pero siguen conviviendo más de 300 hombres en reducidos cuartos.

Otro de los problemas detectados es la falta de clasificación, penados y procesados son retenidos en un mismo lugar, inclusive los menores de edad.

Llamado fiscales

En el marco de la evaluación, el diputado García destacó la necesidad de revisar el COPP para su modificación porque la regla debe ser la libertad y no la privativa, e hizo un llamado a los jueces y fiscales del Ministerio Público para revisar los criterios de encarcelamiento considerando que hay medidas alternativas para delitos menores que bien pudieran ayudar al descongestionamiento de las cárceles.

Aseguró que la responsabilidad de lo que sucede con los privados del libertad del país recae en el Gobierno, porque no hay una política penitenciaria clara, de allí que afirmó que en todo caso el trabajo de esta Comisión es levantar informes serios y responsables para que el Ministerio tome las medidas necesarias y se creen los recintos carcelarios como manda la ley.

Asimismo el parlamentario anunció, que luego de esta evaluación se enviará un informe a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y en septiembre está previsto discutir en sesión plenaria la situación de cierre de la Cárcel de san Antonio ya que la posición es que debe ser reabierta.

Redacción AM